• 18 de mayo de 2022 1:30 PM

Más de 6.000 personas han muerto en España por accidentes de trabajo desde 2013

– Según denuncian UGT y CCOO, que señalan que la siniestralidad laboral «no mejora», sino que «está estancada»

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

Más de 6.000 personas han fallecido en España desde el año 2013 por accidentes de trabajo, según denunciaron este viernes UGT y CCOO, que alertaron de que «la siniestralidad laboral no mejora», sino que «está estancada».

Así lo expresaron la secretaria de Salud Laboral de UGT, Ana García de la Torre, y el secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO, Mariano Sanz, durante la presentación del manifiesto con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se conmemora el 28 de abril.

Según explicaron, los accidentes de trabajo con baja repuntaron en 2021 un 18% respecto al año anterior, «como cabía esperar después de un 2020 en el que disminuyeron un 22% por el frenazo de la actividad productiva debido al inicio de la pandemia». Además, señalaron que, si bien la incidencia de la siniestralidad se mantiene en valores inferiores a la etapa prepandemia, «no es menos cierto que sigue estancada y no ha sido posible reducida en la última década».

«No nos podemos resignar a contabilizar más de 1.300.000 accidentes de trabajo y más de 700 muertes al año. Cuesta mucho digerir cómo año a año siguen produciéndose muertes por causas fácilmente prevenibles y evitables como las caídas en altura, golpes o atrapamientos», indicaron los sindicatos en el manifiesto.

En su opinión, en este momento en que la actividad parece que vuelve a relanzarse gracias, en parte, a la puesta en marcha de los proyectos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, muchos de ellos destinados a sectores con alta siniestralidad, es esencial que el proceso venga acompañado de un impulso decidido a las políticas públicas activas en materia de prevención de riesgos laborales, así como de un aumento de la actividad inspectora.

PLAN DE CHOQUE

En este sentido, la secretaria de Salud Laboral de UGT reclamó que «se articule un plan de choque contra la siniestralidad laboral» que no solo tenga en cuenta los accidentes mortales. A su juicio, las medidas adoptadas hasta el momento se «quedan cortas» para lo que se necesitan.

Mientras, el representante de CCOO criticó la «falta de consideración» de la variable de género en la evaluación de los riesgos laborales, ya que ellos sufren sobre todo accidentes laborales y ellas enfermedades profesionales y accidentes en desplazamientos, lo que atribuyó a la «doble presencia» de ellas en tareas laborales y domésticas.

AVANCES

En todo caso, los sindicatos reconocen en el manifiesto que en lo que va de legislatura, Gobierno y agentes sociales han acometido políticas y cambios legislativos para afrontar los «desafíos de la pandemia y de la precarización del sistema de relaciones laborales». Ponen en valor, en este sentido, Los ERTES, las subidas de SMI, la Ley Rider, la Ley del trabajo a distancia y, «sobre todo», la reforma laboral.

Todo ello ha supuesto, en opinión de CCOO y UGT, «un giro significativo en las políticas sociolaborales», porque «la reducción de la temporalidad que ya se apunta en los primeros meses de vigencia de la reforma laboral será, sin duda, un vector de mejora de los indicadores de salud y seguridad en el trabajo». Y es que, según denunció CCOO, tener un contrato temporal aumenta un 75% el riesgo de sufrir un accidente laboral en comparación que quienes tienen uno indefinido.

LA PRECARIEDAD MATA

«Es una realidad que la precariedad laboral mata y se han dado pasos importantes para acabar con ella, pero si no se impulsan políticas decididas en materia de prevención de riesgos, si no se convierte en una de las prioridades del Gobierno de coalición, dichas mejoras pueden verse anuladas», sentenciaron las organizaciones sindicales.

Ante esta situación, CCOO y UGT reclaman la apertura de una mesa de diálogo social entre Gobierno, patronal y sindicatos para abordar la cuestión de la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales y piden «repensar el modelo de gestión preventiva en las empresas y fortalecer los organismos con competencias en materia de seguridad y salud en el trabajo».

Además, instan a aprobar cambios legales que, entre otras cuestiones, refuercen las exigencias en materia de prevención para las empresas de menos de 25 trabajadores. Al mismo tiempo, alertan de los riesgos laborales que supondrá la rehabilitación de edificios antiguos para avanzar en eficiencia energética, lo que volverá a hacer que haya trabajadores que tengan que enfrentarse de nuevo al amianto.

En cuanto a la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-2027 que se está negociando en la actualidad, UGT y CCOO destacan que su «prioridad» es garantizar «entornos laborales seguros y libres de riesgos, con el fin de conseguir el mayor impacto posible en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y en la reducción de la siniestralidad».

PANDEMIA

Por otra parte, los sindicatos defienden que «es el momento de empezar a evaluar los efectos que en términos de salud está teniendo» la pandemia de covid-19, con Más de 11 millones de contagios y de 100.000 muertes en España.

«A medida que pasa el tiempo van aflorando otras cuestiones que afrontar, como las derivadas de los casos de covid persistente, con consecuencias laborales para quienes lo sufren y que exigen de políticas de prevención y de seguridad social específicas que aún no se están desarrollando», añaden los sindicatos. Asimismo, criticaron que siga sin ser reconocida como enfermedad profesional, lo que hace que muchas personas trabajadoras queden «desamparadas y sin la prestación que merecen».

Como aspecto positivo, subrayan que la pandemia ha servido para visibilizar más los problemas de salud mental, algo en lo que influye «la precariedad y el deterioro» de las relaciones laborales.

Finalmente, UGT y CCOO avisan de que «el subregistro de enfermedades profesionales se ha intensificado durante el periodo de pandemia», pues «los escasísimos 9.358 partes comunicados de baja por enfermedad profesional en 2021 nos retrotraen a niveles de notificación de 2015».