• 29 de noviembre de 2022 11:57 AM

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Más de 130.000 ucranianos han recibido ya protección temporal en España

– Incluye permiso de residencia y, para los mayores de edad, de trabajo y uso del carné de conducir

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

El Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Asilo y Refugio y de la Policía Nacional, ha tramitado y concedido, desde que el pasado 9 de marzo activó el procedimiento de urgencia, más de 133.000 solicitudes de protección temporal a ciudadanos ucranianos, en 70 comisarías y en cuatro centros de recepción y acogida habilitados en toda España.

Así lo precisó Interior en un balance de sus actividades en lo que va de año que publicó este lunes en nota de prensa. Respecto a la protección temporal a ucranianos, detalló que conlleva el permiso de residencia, y para los mayores de edad también de trabajo y el de utilizar legamente sus permisos de conducir en España al menos durante un año.

Otras actuaciones de Interior en el primer semestre han sido el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023, el Primer Plan Estratégico sobre Personas Desaparecidas (2022-2024), el II Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, el III Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, la 33ª Operación Paso del Estrecho, y la Operación Eirene para garantizar la protección de la Cumbre de la OTAN en Madrid, durante los días 29 y 30 de junio. También en junio, el Ministerio aprobó la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030.

En mayo, el Consejo de Ministros aprobó la convocatoria de 4.992 plazas para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y como consecuencia de las convocatorias anteriores las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil superaron en julio los 154.500 efectivos, la mayor cifra de los últimos diez años, rozando el máximo histórico alcanzado en 2011.

En materia legislativa, el Consejo de Ministros aprobó en marzo el proyecto de ley sobre precursores de explosivos, y en abril el Proyecto de Ley Orgánica que regula el acceso y uso por parte de las autoridades competentes de información financiera y de otro tipo de utilidad para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de las infracciones penales.