• 8 de diciembre de 2024 1:00 PM

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    Más de 130.000 ucranianos han recibido ya protección temporal en España

    – Incluye permiso de residencia y, para los mayores de edad, de trabajo y uso del carné de conducir

    MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

    El Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Asilo y Refugio y de la Policía Nacional, ha tramitado y concedido, desde que el pasado 9 de marzo activó el procedimiento de urgencia, más de 133.000 solicitudes de protección temporal a ciudadanos ucranianos, en 70 comisarías y en cuatro centros de recepción y acogida habilitados en toda España.

    Así lo precisó Interior en un balance de sus actividades en lo que va de año que publicó este lunes en nota de prensa. Respecto a la protección temporal a ucranianos, detalló que conlleva el permiso de residencia, y para los mayores de edad también de trabajo y el de utilizar legamente sus permisos de conducir en España al menos durante un año.

    Otras actuaciones de Interior en el primer semestre han sido el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023, el Primer Plan Estratégico sobre Personas Desaparecidas (2022-2024), el II Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, el III Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, la 33ª Operación Paso del Estrecho, y la Operación Eirene para garantizar la protección de la Cumbre de la OTAN en Madrid, durante los días 29 y 30 de junio. También en junio, el Ministerio aprobó la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030.

    En mayo, el Consejo de Ministros aprobó la convocatoria de 4.992 plazas para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y como consecuencia de las convocatorias anteriores las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil superaron en julio los 154.500 efectivos, la mayor cifra de los últimos diez años, rozando el máximo histórico alcanzado en 2011.

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    En materia legislativa, el Consejo de Ministros aprobó en marzo el proyecto de ley sobre precursores de explosivos, y en abril el Proyecto de Ley Orgánica que regula el acceso y uso por parte de las autoridades competentes de información financiera y de otro tipo de utilidad para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de las infracciones penales.