MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no transponer y aplicar correctamente las normas de la Unión Europea (UE) por las que se establece un espacio ferroviario europeo único.
La Comisión comunicó este miércoles su decisión de denunciar a España ante el TJUE por no transponer y aplicar correctamente la Directiva 2012/34/UE. La Comisión considera que el marco regulador ferroviario de España infringe varias disposiciones de dicha directiva que establece un espacio ferroviario único, relativas a la independencia de gestión del administrador de infraestructuras, en particular, la gestión de las empresas ferroviarias según principios comerciales y la correcta redacción de los acuerdos contractuales.
Por ello, en mayo de 2018, la Comisión envió una carta de emplazamiento, a la que España respondió en enero de 2019, informando a la Comisión de que algunas de las objeciones planteadas se habían resuelto mediante la adopción de nueva legislación, mientras que otras requerían un trabajo adicional.
Sin embargo, la Comisión consideró que España no había garantizado la correcta transposición de varios artículos de la Directiva y, en consecuencia, envió un dictamen motivado en octubre de 2019. En diciembre de 2022, España notificó a la Comisión que había transpuesto nuevas medidas, pero el análisis de la Comisión concluyó que no se habían abordado todos los puntos señalados.
Las normas de la UE, incluida la Directiva 2012/34/UE, han contribuido a crear un mercado ferroviario europeo abierto, las empresas ferroviarias han ampliado la oferta de servicios disponibles y han atraído a nuevos clientes procedentes de modos de transporte menos sostenibles.
La Comisión considera que la transposición y aplicación de la directiva por parte de España sigue siendo incompleta en varios aspectos. Si bien España modificó su legislación relativa a la determinación de los cánones por la utilización de infraestructuras en un sentido que podría cumplir con la directiva, parece que el nuevo sistema aún no está operativo.
Además, «no está claramente garantizada la independencia de los consejos de administración de los administradores de infraestructuras y de la empresa ferroviaria correspondiente», según la Comisión. Teniendo en cuenta la composición del consejo, que es nombrado por el Ministerio de Transportes, el derecho del Ministerio a poner fin al mandato de sus miembros y las normas relativas a la toma de decisiones, «cabe concluir que el Estado es capaz en efecto de ejercer una influencia decisiva en los acuerdos del consejo de administración, incluidos los que afectan a los precios de los billetes».
Por último, la Comisión señaló que faltan elementos clave en el acuerdo contractual entre el Gobierno español y los administradores de infraestructuras como indicadores clave de rendimiento relacionados con la eficiencia y con una disminución de los costes de acceso.