– La ministra de Igualdad ya pagó la indemnización de 18.000 euros por vulnerar su derecho al honor
MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado a la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, pagar 5.400 euros por intereses de demora y costas procesales a Rafael Marcos por vulneración del derecho al honor. Marcos fue la pareja de María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre, condenada por sustracción de menores al fugarse con el hijo de ambos en 2017 y negarse a entregarlo al padre, en contra de lo acordado por la justicia.
El TS ha dictado este miércoles un auto de ejecución de sentencia después de que Montero pagara los 18.000 euros de indemnización que fijó el tribunal por presentar a Marcos en sus redes sociales como un «maltratador». El abogado del demandante solicitó la ejecución de la condena y fue entonces cuando la ministra hizo el abono, pero ahora el Supremo le exige que pague los intereses de demora y las costas procesales.
Además, la Sala da a Montero un plazo de 20 días para que publique en la cuenta de la citada red social, el encabezamiento y fallo de la sentencia, y para que elimine el tuit que publicó el 25 de mayo de 2022, compartiendo el vídeo del discurso en que realizó las «declaraciones lesivas» contra el demandante. Igualmente, le impone la publicación a su costa del encabezamiento y parte dispositiva de la sentencia en un periódico de ámbito nacional.
La Abogacía del Estado, que representa a Montero, había pedido al Supremo que suspendiera la ejecución de la sentencia en tanto no se resolviera el recurso de amparo que había presentado ante el Tribunal Constitucional. La sentencia que ahora se ejecuta se dictó el pasado mes junio y condenaba a la ministra a pagar una indemnización de 18.000 euros al demandante, que le había pedido 85.000 euros.
El origen de la demanda son las palabras pronunciadas por la ministra de Igualdad en la inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres. En ese marco y tras conocerse el indulto a Sevilla, la ministra aseguró que el Estado tenía «una deuda con las madres protectoras» y que debía proteger a las mujeres que «se protegen a sí mismas y a sus hijos de la violencia machista». Marcos demandó a la ministra por haberle presentado como un maltratador por violar su derecho al honor.