• 29 de enero de 2023 10:58 AM

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Los magistrados progresistas del TC inciden en que el recurso puede convertirse en una herramienta de control al Parlamento

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El Tribunal Constitucional (TC) comunicó este miércoles el auto por el que suspendió la tramitación parlamentaria de la reforma que afectaba a su renovación, acordado el pasado día 19, junto con los votos particulares discrepantes de magistrados progresistas, al tiempo que anunció que el presentado por el vicepresidente del tribunal de garantías, Juan Antonio Xiol, se dará a conocer en los próximos días.

Uno de esos votos discrepantes corresponde a la magistrada María Luisa Balaguer, que se postula para presidir el TC, y que advierte de que a tenor de la decisión inédita adoptada por el Pleno de paralizar el trámite de una iniciativa legislativa, el recurso de amparo podría ser utilizado a partir de ahora «como mecanismo de control del procedimiento legislativo antes de que el mismo concluya, afectando con ello al núcleo indisponible de la autonomía parlamentaria, que se proclama como garantía de la soberanía nacional en ejercicio del poder legislativo».

La fórmula del recurso de amparo es la que empleó el PP para solicitar la adopción de medidas cautelarísimas que suponían de hecho la paralización de la tramitación parlamentaria de la iniciativa del Gobierno.

Entiende la magistrada que la decisión favorece la «instrumentalización del amparo parlamentario como mecanismo de control preventivo de la constitucionalidad del procedimiento legislativo». Y señala que la postura del TC equivale a la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad que se acordó dejar de lado a partir de un consenso entre los miembros del TC.

Ahora, advierte, ese consenso «queda roto» porque «el recurso de amparo parlamentario no está previsto ni para controlar la constitucionalidad de las normas ni para vigilar la constitucionalidad del procedimiento legislativo».

La magistrada critica también que se rechazara la recusación del presidente del TC, Pedro González-Trevijano y del magistrado Antonio Narváez, cuyo mandado había expirado y estaban directamente concernidos por lo que el Pleno decidiera.

A su juicio, al haberse negado la mayoría conservadora a apartar a los dos se vulneró «la imprescindible apariencia de imparcialidad a la hora de abordar una decisión de tanta trascendencia».

Un segundo voto particular suscrito por los magistrados progresistas Cándido Conde-Pumpido, que también aspira a la presidencia del Constitucional, Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán indica que la decisión del Pleno «es insólita en la historia del Tribunal» y concluye que «constituye interferencia sin precedentes en la función legislativa».

Critican que esa interferencia se acordara sin que ni siquiera hubiera «la audiencia contradictoria» que debería ser aplicada en todo proceso y lamentan que esta situación haya generado una división profunda entre los miembros del TC que traslada a los ciudadanos una «imagen de mimetismo o seguidismo del enfrentamiento parlamentario y del conflicto político partidista». Al igual que Balaguer critican que ninguno de los dos magistrados recusados se apartase de la deliberación y posterior votación.