• 29 de marzo de 2024 6:50 AM

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Los jueces españoles procesaron a 45 personas físicas y jurídicas por delitos de corrupción en el primer trimestre de 2022

– En el mismo periodo se dictaron 16 sentencias, nueve de las cuales fueron total o parcialmente condenatorias

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

Los jueces y juezas españoles concluyeron en el primer trimestre de 2022 un total de nueve procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 45 personas (una de ellas, persona jurídica), que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la incorporación de la información correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de este año, que también incluye el número de sentencias dictadas, que fue de 16.

El repositorio, que fue presentado el 12 de enero de 2017, es de acceso público en la web ‘www.poderjudicial.es’ y permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etcétera-, que se actualizan de forma trimestral.

La información que ofrece el repositorio corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es esta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286 ter).

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Durante el trimestre analizado, los delitos investigados en un mayor número de causas y con un mayor número de personas condenadas fueron los de prevaricación administrativa, los de malversación y los cometidos contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente.

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, los Juzgados y Tribunales dictaron 16 sentencias en procedimientos por delitos de corrupción. De ellas, nueve fueron condenatorias y siete, absolutorias, lo que supone que el fallo fue condenatorio en el 56% por ciento de los casos.

La información ofrecida detalla si las sentencias han sido absolutorias o condenatorias y, dentro de éstas últimas, si lo han sido con o sin conformidad, así como si han sido parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).