• 7 de octubre de 2024 11:40 PM

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    El Tribunal de Cuentas auditará la Casa del Rey y sus altos cargos tendrán que publicar sus bienes

    – El Rey no tiene obligación de publicar su patrimonio, aunque Felipe VI desvelara este lunes que tiene 2,5 millones de euros

    – Bolaños asegura el «acuerdo en su conjunto» del Gobierno para mejorar la transparencia de la monarquía pese a las críticas de Podemos

    MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

    El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto con el que la Corona «da un paso adelante» en materia de transparencia, rendición de cuentas y transparencia con el fin de equipararse «a los más altos estándares» de otras realezas europeas. Entre las novedades destaca que el Tribunal de Cuentas auditará todos los años sus finanzas y que los altos cargos tendrán que hacer públicos sus bienes.

    Así lo explicó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa ofrecida en el Palacio de la Moncloa junto a la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, al día siguiente de que el rey Felipe VI desvelara que tiene un patrimonio de 2.573.392,80 euros, de los cuales 2.267.942,80 euros corresponden a depósitos en cuenta corriente o de ahorros y valores y 305.450,00 a objetos de arte, antigüedades y joyas.

    Bolaños calificó de «muy relevante» este gesto del jefe del Estado antes incluso de que el Ejecutivo aprobara el real decreto que plasma de forma oficial por escrito y con rango legal «muchas prácticas que se estaban haciendo e introducir otras nuevas» que mejoren la transparencia de la Jefatura del Estado.

    Reconoció que la publicación del patrimonio ha sido «a iniciativa propia» de Felipe VI porque el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros no le obliga, por lo que será «el propio monarca» quien irá dando a conocer sus posesiones personales «con la periodicidad» que desee. Sólo los altos cargos que trabajan con los monarcas deberán hacerlo.

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    El ministro adujo que esta nueva regulación es «fruto del trabajo de los últimos meses con Casa Real y que se ha intensificado en las últimas semanas» con el propósito de dar «un ejemplo más de la transparencia que la Casa Real está implementando durante el reinado de Felipe VI» y de «dar respuesta a lo que la ciudadanía nos pide a todas las instituciones, también a la Jefatura del Estado». «Esto moderniza la Jefatura del Estado y el Gobierno está contento con esta idea», apostilló.

    TRES PILARES

    Bolaños clasificó las medidas que incluye el real decreto en tres capítulos: uno de transparencia y rendición de cuentas, otro de eficiencia y vocación de servicio público, y uno último de ejemplaridad en el ejercicio de sus funciones.

    Como gran novedad, destacó que el Tribunal de Cuentas se encargará a partir de ahora de auditar de forma externa las finanzas de la Casal del Rey, como sucede con el resto de las administraciones públicas. También que los altos cargos que trabajan con los monarcas tendrán que publicar «anualmente» sus bienes, así como al principio y al final de su responsabilidad.

    También oficializa una «nueva regulación» para los contratos de la Corona, de manera que se publiciten todas las necesidades dentro de su autonomía presupuestaria y asigne contrataciones con los mimos requisitos que otros organismos del Estado, dentro de la norma que expresamente aprobó para ello el Ministerio de Hacienda en tiempos de Cristóbal Montoro.

    La Casa del Rey tendrá «obligación» de publicar en su página web todo lo referido a contratos, cosa que ya hace, así como su contabilidad, ejecución trimestral del presupuesto, retribuciones de altos cargos, regalos y la memoria anual.

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    Además, establece que un convenio con la Abogacía del Estado regulará la prestación de servicios con este órgano, así como que el consejero diplomático de la Casa Real pertenezca a la carrera diplomático y que el control interno de las cuentas lo haga un funcionario público que sea interventor de carrera.

    Bolaños añadió que el personal de la Casa Real tendrá que cumplir un código de conducta basado en la búsqueda del interés general, la neutralidad, la ejemplaridad, la austeridad, la honradez, la protección del medio ambiente y la igualdad entre hombres y mujeres.

    Finalmente, recoge la práctica que ya se realiza con los regalos que recibe la familia real para elaborar un inventario anual y decidir si quedan en la Casa Real, pasan a manos de Patrimonio Nacional o se donan a una ONG.

    CRÍTICAS DE PODEMOS

    El Gobierno reconoció que este real decreto «se ha trabajado fundamentalmente con el PP» y aseguró que ha contado con el «acuerdo en su conjunto» del Consejo de Ministros pese a que la titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, criticó anoche en sus redes sociales el gesto de Felipe VI por considerarlo «maquillaje» e incluso sostener que «puede volver a hacer lo mismo que hizo el emérito».

    Bolaños manifestó que el trámite de aprobación de este real decreto esta mañana en La Moncloa «ha sido un acuerdo absolutamente pacífico» porque «todos [los ministros] apostamos por una mayor ejemplaridad» en la Corona. Sin embargo, rechazó avanzar en la supresión de la inviolabilidad del rey, como reclama Podemos, porque esa condición «está establecida en la Constitución con mucha claridad».

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    Finalmente, al ser preguntado sobre el rango de real decreto de esta nueva normativa para la Casa del Rey, lo que permite eludir la aprobación parlamentaria, Bolaños subrayó que es una «norma muy importante y la tenemos que poner en valor» porque «damos un paso adelante muy importante y ponemos a la monarquía donde debe estar».

    El ministro restó importancia al hecho de que la Jefatura del Estado sólo haya tenido la «deferencia» de informar de este cambio a los partidos constitucionalistas y no a los independentistas. «Lo valoro positivamente», remachó Bolaños al respecto.