– Aprueba dos anteproyectos de ley para saldar una «deuda histórica» con esos colectivos
– El Ejecutivo confía en que las normas estén listas antes del próximo verano
MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
Los bomberos forestales y los agentes medioambientales están más cerca de cumplir sus históricas demandas de tener las mismas condiciones laborales en toda España, puesto que actualmente dependen de cada comunidad autónoma, gracias a sendas leyes que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez.
El Consejo de Ministros vio este martes sendos anteproyectos de ley relativos a esos colectivos, que deberán ser aprobados en segunda vuelta por este órgano gubernamental antes de su remisión al Parlamento. El Ejecutivo confía en que las normas estén definitivamente listas antes del próximo verano, según fuentes gubernamentales.
El objetivo común de ambas es estandarizar la situación laboral de los bomberos forestales y los agentes medioambientales en toda España al asegurar unas condiciones equivalentes en todo el territorio nacional.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, apuntó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno pretende «homologar y armonizar» los modos de trabajo de ambos colectivos. «Dedican su vida para defender la nuestra y la de nuestros montes durante todo el año, y necesitan contar con ese colchón mínimo de seguridad y de homogeneidad en todo el territorio», resumió.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, indicó que ambas normas van a «saldar una deuda histórica» con los dos colectivos, que han realizado «reivindicaciones históricas» durante años para contar con «unas condiciones básicas comunes en todo el territorio».
AGENTES FORESTALES Y AMBIENTALES
El de los agentes forestales y medioambientales es uno de los cuerpos de funcionarios más antiguos de España. Nacieron por una real ordenanza de 1677, que estableció la necesidad de grupos de personas especializadas en la protección de masas arbóreas y la vigilancia de animales salvajes.
Los antecedentes más cercanos son la Guardería Forestal del Estado, creada con la Ley de Montes de 1966, y los sistemas de vigilancia del agua de las confederaciones hidrográficas.
Sin embargo, las comunidades autónomas han asumido las competencias con el cobijo de la Constitución de 1978, con lo que actualmente hay divergencias de las condiciones laborales al no existir un contenido básico común para todo el país.
Hoy en día hay cerca de 6.000 agentes forestales y medioambientales en España, de las que 400 dependen de la Administración General del Estado. «Constituyen el primer eslabón de todo un sistema dedicado a la conservación de la naturaleza, a la vigilancia de la disciplina ambiental en un país extraordinariamente rico desde el punto de vista de la biodiversidad y de la riqueza forestal», recalcó Ribera.
El anteproyecto de ley define las funciones de este colectivo, entre ellas auxilio y colaboración en emergencias y en Protección Civil en el medio natural, custodia y vigilancia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y ambiental y labores técnicas de apoyo en la gestión en materia ambiental forestal, dominio público, paisaje y planificación, seguimiento o inventario de hábitats.
Los agentes forestales y medioambientales tendrán la consideración de autoridad pública, sin perjuicio de su obligación de colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ejercen funciones de policía administrativa especial y policía judicial en sentido genérico. Además, contarán con unos requerimientos de formación y cualificación para el ejercicio de sus funciones.
BOMBEROS FORESTALES
Por otro lado, España lucha contra los incendios forestales desde mediados del siglo XIX, lo que queda reflejado en normas como las Ordenanzas Generales de Montes de 1833 o la real orden de 1858, en las que se configuraba una administración forestal de defensa contra incendios forestales.
El anteproyecto de ley sobre bomberos forestales regula las condiciones básicas de estos profesionales. «Somos conscientes del incremento muy notable del número de episodios, del número de incendios en todo el territorio nacional durante todo el año, ya no solo concentrados en una época y en unos espacios determinados. Y somos conscientes también del agravamiento de las características de estos incendios», indicó Ribera.
Sin embargo, existen «desequilibrios muy importantes» en inversiones, la estacionalidad de los servicios contratados o las características profesionales de los bomberos forestales debido a que sus condiciones dependen de las comunidades autónomas, según Ribera.
«Esta organización dispar ha terminado siendo una de las condiciones que explican la alta temporalidad y estacionalidad en el colectivo, con sueldos y complementos muy variables, y, en ocasiones, con dificultades para la identificación entre los distintos colectivos en función de cuál sea la administración territorial a la que quedan adscritos», indicó la vicepresidenta tercera del Gobierno.
Por ello, el Gobierno quiere establecer un nuevo marco básico común que determine los derechos, los deberes, los medios de los que tienen que estar dotados, las medidas de seguridad y el modo de coordinación de actuaciones de los bomberos forestales.
El anteproyecto de ley define las funciones de los bomberos forestales en prevención, vigilancia, detección y extinción de incendios, y mantenimiento de infraestructuras, equipos e instalaciones para la prevención y extinción de los fuegos.
El Gobierno quiere establecer un sistema de clasificación profesional básico en todo el territorio; que haya formación continua, reglada, teórica, física y práctica para bomberos forestales, y regula las condiciones sobre prevención de riesgos laborales teniendo en cuenta las características especiales de peligrosidad, esfuerzo físico, toxicidad, morbilidad, penosidad y equivalentes.
También se regulan los tiempos de prestación de servicio y los de descanso, así como el mantenimiento de plantillas en caso de sucesión empresarial, dada la fuerte presencia de profesionales vinculados a empresas públicas y privadas que pueden rotar según la contratación que hagan las comunidades autónomas.