MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
El Gobierno central aseguró este martes que el texto enviado al Consejo de Estado sobre el trasvase Tajo-Segura es el acordado en el Consejo Nacional del Agua y dijo a los regantes de la Comunidad Valenciana que «lo peor» para ellos es «contar mentiras».
La Generalitat Valenciana informó este martes de que el presidente autonómico, Ximo Puig, ha enviado un escrito a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, para que conceda audiencia al Gobierno valenciano con el fin de conocer la redacción final que ha llegado a ese órgano consultivo sobre el proyecto de real decreto de diversos planes hidrológicos, entre ellos el que afecta al trasvase Tajo-Segura, y poder así presentar las alegaciones necesarias.
El proyecto normativo, aprobado por el Consejo Nacional del Agua el pasado 29 de noviembre, incluía un punto -la disposición adicional novena- que resulta esencial para garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, según el Ejecutivo valenciano. Para Puig, cualquier modificación o supresión de ese punto que figure en el último borrador de decreto ley que ya obra en poder del Consejo de Estado encontrará «el más firme rechazo» del Consell de la Generalitat Valenciana.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico precisaron después que el texto enviado al Consejo de Estado «es el acordado en el Consejo Nacional del Agua para el cumplimiento de la normativa y la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo».
«El acuerdo asegura más de 8.000 millones de inversión en este nuevo ciclo del agua, anticipa los riesgos del cambio climático y dedica la mayor cuantía jamás destinada en España a este ámbito», aseguraron desde el Ministerio, «garantiza también transparencia y diálogo con todos los actores implicados, y prevé un exhaustivo rendimiento de cuentas sobre el cumplimiento de los hitos de inversión».
Por ello, considera que las palabras del presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats) sobre ese acuerdo «están fuera de lugar».
A pesar del «respeto y aprecio» que la ministra y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, tiene por él, aseguraron desde su departamento que no comparte sus manifestaciones. «Lo peor para los regantes es contar mentiras, prometer lo que no se puede y no anticipar los impactos del cambio climático en la disponibilidad de recursos hídricos», aseguró Ribera.
Sobre las protestas por el fin de las subvenciones al agua desalada utilizada por los regantes, el Ministerio recordó que «se articulaban gracias a un decreto ley de sequía, que expiró el pasado 31 de diciembre al no seguir registrándose los umbrales establecidos en la citada norma». Sin embargo, consciente de la situación de los regantes y del precio de la energía necesaria para el proceso de desalación, el Ministerio está «ultimando un nuevo decreto transitorio que prevé llevar al Consejo de Ministros a la mayor brevedad posible. Se trata de un nuevo decreto que ha sido debatido y consensuado con los actores implicados en las últimas semanas de diciembre».