MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
El Congreso de los Diputados dio luz verde este jueves al proyecto de Ley para consolidar la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) al ser rechazadas las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios Vox y Ciudadanos por 64 votos a favor de las mismas, 191 en contra y 88 abstenciones, por lo que la normativa continuará su tramitación parlamentaria.
Durante el debate parlamentario, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, defendió esta ley al afirmar que esta iniciativa legislativa quiere establecer medidas que aseguren la equidad, la cohesión y la universalidad en el Sistema Nacional de Salud «para avanzar hacia una cultura social que sitúe la salud pública en las políticas para minimizar las desigualdades y fortalecer el sistema sanitario público español».
Además, añadió que la norma fortalece el Sistema Nacional de Salud «como pilar básico del Estado del bienestar, amplía derechos de la ciudadanía y recupera otros que habían sido suprimidos».
BLINDAR LA SANIDAD PÚBLICA
Su finalidad, recalcó, es «mejorar la vida de la ciudadanía y proteger a los más vulnerables» y realizar «una inversión en salud, que es una garantía para la sociedad del presente y especialmente del futuro».
Además, Carolina Darias destacó que este texto «blinda la sanidad pública» y la gestión directa como el modelo a seguir en el Sistema Nacional de Salud. Del mismo modo, este Proyecto de Ley recupera la cartera única común de servicios, que incluye todas las prestaciones públicas y establece las garantías necesarias para que no se puedan volver a introducir nuevos copagos sanitarios.
En este ámbito, quedan eliminados los copagos por prestaciones ortoprotésicas para los colectivos a los que ya se liberó del copago farmacéutico, concretamente las personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital, los pensionistas con rentas bajas, las personas menores con discapacidad reconocida, y las personas perceptoras de una prestación por hijos a cargo.
Asimismo, se reconoce el derecho a la asistencia sanitaria con cargo a los fondos públicos a las personas ascendientes reagrupadas cuando tengan un hijo o hija titular del derecho a la asistencia sanitaria en el SNS y no exista un tercero obligado al pago; a las personas españolas de origen que residan en el exterior durante sus desplazamientos a España, así como a sus familiares; a las personas solicitantes de protección internacional, a las personas solicitantes y beneficiarias de protección temporal, y a las víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual.
DEBATE PARLAMENTARIO
Durante el debate parlamentario, la diputada del PP Ana Pastor hizo hincapié en que «lo que necesita la sanidad española es su defensa pero no desde el sectarismo». Dirigiéndose a la ministra de Sanidad, la diputada popular le recriminó que esta ley «hace universal a la sanidad pero como pueden tener tanta cara con una memoria económica de 1,7 millones de euros».
En cuanto a la sanidad privada, afirmó que esta norma «intenta censurar la colaboración del sector privado que está recogida en la Ley General de Sanidad en su artículo 90 y que los socialistas lo votaron».
El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz lamentó tener que presentar una enmienda a la totalidad a este Proyecto de Ley «en una materia como la sanitaria». Y esto porque «esta norma tiene una carga ideológica inaceptable llena de sesgos y perjuicios».
Además, insistió en que «lo peor de esta ley es su carga ideológica y la prohibición de los conciertos con la sanidad privada es una aberración digna de un Gobierno que antepone el sesgo a la gestión, la ideología a los derechos y la ensoñación podemita a la realidad económica».
SANIDAD PRIVADA
Por su parte, el diputado de Vox Juan Luis Steegmann afirmó que «si el Gobierno hubiese querido mejorar realmente la sanidad pública habría traído medidas concretas para hacerlo y no futuribles espejismos».
Del mismo modo, acusó al Ejecutivo de «pretender prescindir de la colaboración de la sanidad privada de una forma hipócrita por querer suprimir los conciertos privados cuando los funcionarios y nosotros los diputados disfrutamos de una capacidad de elección entre la pública y la privada que el resto de los ciudadanos no tienen».
Por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, intervino la diputada Rosa María Medel, quien manifestó en contestación al resto de los partidos que «la gestión privada de un servicio público es un fraude».
«Nosotros no queremos esta ley pero necesitamos negociar nuestras enmiendas porque queremos que estén en esta norma». Dirigiéndose a la ministra de Sanidad, la diputada de Unidas Podemos le aseguró que «queremos negociar y esto lo tenemos que solucionar con la ministra».