MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció este lunes la «deficitaria financiación pública» de las universidades ante el arranque del curso, provocada por que el adelanto electoral impide cumplir la nueva ley universitaria (LOSU) dado que el Gobierno no presentará al Congreso antes del 12 de octubre el proyecto de Ley del Estatuto del Personal Docente e Investigador.
«Sigue sin definirse cómo se alcanzará el compromiso del 1% del PIB y sin contemplarse la distribución de responsabilidades y el calendario de aportaciones de las diferentes administraciones», protestó CSIF.
El sindicato recordó «la deficitaria financiación pública de las universidades españolas que se redujo en un 20% durante los últimos diez años». «La LOSU no presentó Memoria Económica y el objetivo poco ambicioso del 1% del PIB en el 2030 (desde el 0’76% actual) no solo ha quedado como una mera declaración de intenciones, sino que está referido al conjunto del Estado, cuando la financiación de la educación superior depende en más de un 80% de las comunidades autónomas (12% restante de las tasas universitarias y 8% del Estado)», añadió.
Para CSIF «tampoco vale poner las excusas del Ministerio de Universidades, que reconoce ahora que el ‘problema’ de la financiación de las universidades es ‘de una complejidad notable’ y que según la LOSU el esfuerzo financiero se establecerá de acuerdo con las responsabilidades presupuestarias de cada ejercicio».
Según la central sindical, esta situación se complica cuando, por ejemplo, las universidades públicas de Andalucía, Valencia o Murcia están pendientes de la aprobación de nuevos modelos de financiación o el establecimiento de Planes Plurianuales de Financiación para garantizar la suficiencia financiera y la existencia de fondos estratégicos para la mejora de los resultados docentes, de investigación, de transferencia de conocimiento o de internacionalización.
El sindicato alertó también de que la reducción de la financiación en los últimos años ha provocado «la descapitalización y precarización de su capital humano y que la incertidumbre en la financiación futura está paralizando proyectos de infraestructuras y contrataciones de personal», entre otros problemas.