Aunque la situación laboral en España no pasa por su mejor momento con los ERES aún en funcionamiento y una creación de empleo que, aunque va creciendo, sigue aun ritmo más bajo de lo deseado, el reto del año que viene pasa por dos colectivos: jóvenes y discapacitados.
El paro juvenil actualmente ronda el 40%, convirtiéndose en un problema para el acceso de los jóvenes al salir de su formación a las empresas. Entre las causas, la distancia entre los centros formadores y las empresas, que no terminan de encontrar un punto de unión y colaboración para que puedan servir de puerta a la contratación de estudiantes.
Pero, también, hay un gran problema en la búsqueda de empleo de jóvenes con ciertas discapacidades que no les impiden poder trabajar y que sufren hasta un 68% de paro siendo, en este caso, 6 de cada diez casos de larga duración.
Una cifra nada desechable que sirve de referencia para también sumar el esfuerzo corporativo por encontrar una agencia que pueda ayudar a encontrar a los demandantes de empleo.
“Publicamos frecuentemente nuevas ofertas de trabajo de empresas que apuestan por la integración de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y seleccionamos estas vacantes para encontrar el perfil profesional adecuado a cada puesto. Somos enlace entre demanda y oferta y eso ayuda a ambas partes por las características de este tipo de contratos” explican desde Laborplus.
Una mano de obra muy capacitada, tanto la de jóvenes como jóvenes discapacitados con una formación perfecta para que la recuperación económica pase por la producción y la productividad en campos nuevos como la tecnología, las renovables e incluso la ciberseguridad.
“El ratio de incorporación y el bajo absentismo es patente en las estadísticas de este perfil de trabajadores. Tienen ganas, tienen potencial y están deseando demostrarlo para llevar una vida del todo independiente. De hecho, a los empresarios les sorprende su nivel de compromiso y de rendimiento” comentan.
Un reto que, más allá de las empresas, debe llegar también por parte de políticas de inclusión laboral mucho más activas por parte de los gobiernos autonómicos, nacionales y, cómo no, locales.